Un Virus llamado Mordaza
21 de septiembre de 2001
Por Jaime López
Como un virus contagioso, las leyes mordaza se están extendiendo por varios países de América Latina amenazando con eliminar décadas de progreso en el campo de la libertad de expresión. Jaime López, un representante de Periodistas Frente a la Corrupción, nos presenta un análisis de los efectos perniciosos de estas leyes y de cómo con frecuencia se presentan como propuestas liberalizadoras.
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San Salvador, 17 de Septiembre, 2001 - Periodismo fiscalizador es el que vigila, investiga, descubre y expone los cánceres de la sociedad - como la corrupción en los entes públicos, las conductas cuestionables de los funcionarios, las componendas en los partidos políticos, las evasiones de impuestos y el tráfico de influencias de los grupos empresariales y el mal manejo de donaciones internacionales por parte de las ONG. Y su misión es mantener a los ciudadanos informados sobre las acciones y decisiones que tanto afectan sus vidas y el futuro de sus países.
A pesar de la problemática de la prensa latinoamericana que, en muchos casos, no funciona en forma objetiva e independiente, el periodismo fiscalizador es, ante la falta de voluntad de los gobiernos para enfrentar la corrupción, quizás el único recurso con que los ciudadanos cuentan actualmente para vigilar a sus gobernantes.
Pero, en la medida en que los medios y los periodistas van avanzando en su exposición de la corrupción y las conductas no éticas de los funcionarios, van surgiendo e imponiéndose reacciones negativas que amenazan con socavar su papel fiscalizador.
Lamentablemente siempre persisten las formas violentas, características de nuestro pasado dictatorial, como las agresiones físicas y los asesinatos de periodistas. Además, con más reportajes que exponen la corrupción, los funcionarios, incluyendo presidentes, han criticado a los medios por abordar el tema como una especie de "conspiración" en contra del gobierno. Y a la par de estos ataques, en forma más sutil y cada vez con mayor frecuencia, están apareciendo propuestas legislativas y fallos judiciales, que al amparo de la legalidad y bajo la bandera de la libertad de expresión y el combate de la corrupción, buscan acorralar y controlar el ejercicio del periodismo.
Es en Panamá, el país que tiene más de 70 periodistas procesados judicialmente, donde esta corriente se inicia. A finales de mayo, salió a la luz pública una propuesta de ley para regular el ejercicio de la profesión periodística que, entre otras disposiciones violatorias a la libertad de expresión, busca las siguientes metas:
-Crear un consejo superior de periodismo gubernamental que acreditaría o desacreditaría a quienes puedan ejercer el periodismo.
-Imponer desde el estado un código de ética con el cual se deja en vulnerabilidad la reserva de las fuentes y se castigarán las faltas de conducta.
-Limitar la posibilidad de trabajo a periodistas extranjeros en medios nacionales.
-Debilitar el derecho a la información pública;
-Y, en determinados casos, definir los límites y contenido de las informaciones periodísticas.
Un mes después, el contagio llegó a Venezuela. El 14 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia emitió el fallo 1013, conocido en ese país como la "sentencia mordaza", que limita el derecho a réplica para los dueños de los medios de comunicación y para quienes trabajan en ellos; estipula que cualquier periodista, medio o ciudadano podría ser procesado por violar el derecho a la "información veraz", y legitima las presiones tributarias que puedan ejercerse contra la prensa.
Rápidamente estalló, en el mismo mes, otra "bomba" mucho más sofisticada contra la prensa, esta vez en Paraguay. La Ley de Transparencia Administrativa fue promulgada con el propósito de facilitar el acceso a la información pública. La propuesta original era buena, pero durante su estudio y aprobación en el congreso, fue convertida en una ley liberticida, a través de trampas sutiles y manifiestas: excepciones, plazos, requisitos para entregar la información, aranceles, y otros mecanismos que dan a los funcionarios la suficiente discreción para impedir que la información se haga efectivamente pública. Debido a la gran presión internacional y nacional, esta ley "mordaza" fue derogada este mes.
Después del asesinato del periodista Parmenio Medina en julio, varios sectores costarricenses han propuesto reformas a las leyes de prensa. Al igual que el original anteproyecto paraguayo de ley de transparencia, la mayor parte de estas propuestas son bien intencionadas y están orientadas a ofrecer mayores garantías al ejercicio de la profesión periodística a través del reconocimiento legal a la reserva de las fuentes, facilidades procesales y la eliminación de los delitos de prensa cuando los ofendidos sean funcionarios públicos. Sin embargo, existe el temor de que cuando los políticos decidan sobre ellas, puedan invertir su propósito y usarlas para coaccionar y restringir aún más al periodismo.
Y entre los casos más recientes está el de Nicaragua, donde en pleno período electoral diputados del partido gobernante quieren aprobar una nueva ley para regular la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Aunque estos diputados sostienen que su propósito es contrarrestar los monopolios, los extensos antecedentes de corrupción del actual gobierno hacen pensar, y con razón, que el fin verdadero es callar los reportajes negativos sobre la administración del presidente Arnulfo Alemán y someter a los medios de comunicación a los arbitrios gubernamentales.
Asimismo en Honduras está en discusión un proyecto de ley que busca entre otros propósitos, levantar el secreto en las cuentas bancarias y oficiales en casos de lavado de dinero y narcotráfico, lo cual es legítimo y además positivo en sociedades como las nuestras tan amenazadas por esos delitos. Sin embargo, el proyecto contiene cláusulas que son consideradas peligrosas para la libertad de expresión, por cuanto se obligaría a los periodistas a revelar sus fuentes informativas.
Estas leyes y fallos judiciales que impiden el acceso a la información, la libertad de expresión y la labor periodística, más los crecientes pronunciamientos de los gobiernos en contra de los medios y los asesinatos recientes de periodistas como Medina y Jorge Mynor Alegría debido a sus investigaciones sobre la corrupción, constituyen una corriente peligrosa que puede extenderse e intensificarse en toda América Latina y resultar en la derrota de nuestras frágiles democracias.
Jaime López pertenece al grupo Periodistas Frente a la Corrupción, una iniciativa regional que promueve el papel fiscalizador de los medios de comunicación.