El dilema. La historia del país demuestra los riesgos de la censura.
11 de septiembre de 2006
Por Ileana Alamilla
Las garantías constitucionales son incuestionables; entre ellas, las libertades de expresión y de prensa son componentes esenciales de la democracia. Sin embargo, eventualmente, pueden entrar en conflicto con otros derechos y valores, como podría ser el caso del inciso “d” del artículo 4 del decreto gubernativo que estableció el estado de Prevención en cinco municipios de San Marcos, en un esfuerzo necesario por combatir el narcotráfico.
En dicho inciso se incluyó la exigencia a los órganos de difusión de evitar publicaciones que, a juicio de la autoridad, contribuyeren a la alteración del orden público. Y es que, según se sabe, la población estuvo al tanto de los operativos policiales por la cobertura brindada por radios locales. Obviamente, el conocimiento público de algunas informaciones relacionadas con este tipo de acciones puede causar su ineficacia.
Esta contradicción entre la libertad de expresión y de prensa, y la necesidad de combatir el crimen organizado se resolvió al producirse dos acciones maduras. La primera, de la Prensa en general y de la SIP, en particular.
Gonzalo Marroquín, presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en consecuencia con la oposición de esa entidad a las normas que restrinjan esas libertades, solicitó al Gobierno que se modifique la medida. La segunda actitud madura fue la respuesta gubernamental de atender de manera inmediata tal solicitud.
Estas son señales positivas que nos deben hacer reflexionar sobre el papel de la Prensa y la enorme responsabilidad de los medios en el desarrollo de un país y en su contribución al fortalecimiento del estado de Derecho.
Si un Estado como el guatemalteco es acechado por el crimen organizado, si los poderes paralelos han acorralado a las instituciones y a la sociedad, las medidas que deben tomarse tienen que ser radicales.
Estamos rodeados de criminales, tanto en la capital como en los departamentos. Los operativos contra las mafias tienen que ser cuidadosamente diseñados y ejecutados para que sean efectivos. Las filtraciones de información asegurarían su fracaso.
Por eso decimos que los periodistas podríamos estar en un dilema: ganar la primicia, cumplir con el derecho de informar y ser informado, y ejercer la libertad de prensa, o contribuir a combatir y erradicar los enormes males que nos doblegan.
Pero la historia del país demuestra los riesgos de la censura. Una prueba es el silencio mediático sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Creemos que la solución a esta aparente contradicción está en la ética y la función social del periodismo.